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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 292/2000, de 30 DE NOVIEMBRE

“El derecho fundamental a la protección de datos personales persigue garantizar a esa persona el poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado […].

El derecho a la protección de datos garantiza a los individuos un poder de disposición sobre estos datos. Esta garantía impone a los poderes públicos la prohibición de que se conviertan en fuentes de esa información sin las debidas garantías; y también el deber de prevenir los riesgos que puedan derivarse del acceso o divulgación indebidas de dicha información. Pero ese poder de disposición sobre los propios datos personalesInformación concerniente a personas físicas identificadas o identificables. nada vale si el afectado desconoce qué datos son los que se poseen por terceros, quiénes los poseen, y con qué fin. […]

El objeto de protección de derecho fundamental a la protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección que el artículo 18.1 de la Constitución Española otorga, sino los datos de carácter personal. Por consiguiente, también alcanza a aquellos datos públicos, que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapen al poder de disposición del afectadoPersona física titular de los datos que sean objeto de tratamiento. porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos.

También por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo. […]

Posee una segunda peculiaridad que lo distingue de otros. Dicha peculiaridad radica en su contenido, ya que el derecho a la protección de datos atribuye a su titular un haz de facultades consistentes en diversos poderes jurídicos cuyo ejercicio impone a terceros deberes jurídicos y que sirvan a la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar a la persona un poder de control sobre los datos personales, lo que sólo es posible y afectivo imponiendo a terceros los mencionados deberes de hacer: el derecho a que se requiera el previo consentimiento para la recogida y uso de los datos personales, el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de esos datos y el derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos datos. En definitiva, el poder de disposición sobre los datos personales”.

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